El pasado 23 de Junio el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaban el fin del conflicto, el silenciamiento y el abandono de las armas. En suma, convertían este día histórico como el inicio del fin de una guerra que alcanza más de 60 años en Colombia.
Las mujeres, niñas y jóvenes de Colombia han vivido el impacto desproporcionado de esta guerra: asesinatos, tratos crueles e inhumanos, persecución, esclavitud sexual y doméstica, y violencia sexual. Actos que han sido ejecutados por los actores armados de todos los frentes.
En este escenario siempre ha existido la resistencia de las mujeres, desde acciones de denuncia y reivindicación desde sus organizaciones, hasta sus apuestas por permear e incidir en todos los ámbitos del Estado, sin olvidar su constante trabajo para la recuperación del tejido social y comunitario en las zonas afectadas por la guerra. En el caso particular de la mesa de conversaciones de Paz de la Habana, la incidencia que las organizaciones feministas y de mujeres tuvieron en la consolidación de la Subcomisión de Género fue fundamental, logrando en primer lugar que el 11 de Septiembre de 2014 se instalase este grupo y que, a partir de ese momento, tres de los acuerdos establecidos integren, de manera visible y directa, compromisos para garantizar los derechos humanos de las mujeres en los territorios, durante el proceso de implementación de los acuerdos.
Así, el pasado 23 de Julio de este año, las dos mujeres plenipotenciaras que participaron en la mesa de negociación, junto con un representante del Gobierno y un representante de las FARC, anunciaban el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas válidas en la discusión en torno a la construcción de la paz y la inclusión de sus demandas en tres de los puntos acordados, convirtiéndose en el primer proceso de negociación de paz en el mundo con estas características, lo que supone un hecho histórico, sin antecedentes, ni referentes.
De esta manera, los actuales compromisos del Acuerdo de Paz en Colombia incluyen: acciones afirmativas destinadas a mujeres que habitan en zonas rurales de tal manera que puedan acceder a la tierra (formalización y créditos), promoción de la autonomía económica y fortalecimiento de las organizaciones, a través de becas y créditos condonables, para el acceso de las mujeres rurales y campesinas a la educación técnica, tecnológica y universitaria.
Adicionalmente, se reconoció el impacto desproporcionado de la guerra en las mujeres defensoras de derechos humanos, por ello se introdujeron acciones y medidas que garanticen el derecho a la participación de las mujeres, incluyendo mecanismos de protección especializada, individual y colectiva para ellas, su entorno y aquellas elegidas por voto popular.
Las mujeres también fueron reconocidas como sujetas activas en la solución al problema de drogas ilícitas. Aquí jugarán un papel importante en los procesos de concertación en la sustitución voluntaria, adicionalmente, aquellas que se vinculen a los planes voluntarios de sustitución recibirán, según el acuerdo, de manera inmediata, recursos para su sostenimiento. Finalmente, los programas destinados a personas consumidoras, tendrán un enfoque diferencial, en especial examinarán la relación entre consumo de drogas ilícitas, violencia machista (violencia basada en género contra las mujeres), violencia machista al interior de las familias (violencia intrafamiliar) y violencia sexual.
La Subcomisión de Género logró también la incorporación de la mirada sobre los derechos de las mujeres sobrevivientes del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como sus derechos en las disposiciones para poner fin al conflicto. De esta manera se incorporó: la creación de un grupo de trabajo especializado en género en la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición”, que realice tareas específicas de carácter técnico y de investigación, como la preparación de audiencias de género. Además, se incluye la creación, dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Otro de los acuerdos que sienta precedente en materia de procesos de paz, tiene que ver con que los delitos en los que las niñas y mujeres se han visto profundamente afectadas, no serán amnistiables, tales como el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado y el reclutamiento.
Finalmente, vale la pena mencionar que el trabajo de esta Subcomisión de Género logró la incorporación de acciones específicas destinadas a los sectores sociales de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
Colombia pasa por un momento histórico único y, en este, la voz de nuestras compañeras feministas está siendo fundamental para visibilizar —como dicen ellas mismas— que “la paz sin las mujeres no va”.
Artículo escrito por Liza García Reyes, representante de Cooperacció en Colombia.
Fuentes:
