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Valencia, 29 de mayo de 2010. Colombia elegirá mañana a su nuevo presidente que relevará a Álvaro Uribe después de dos legislaturas. Colombia, que vive un conflicto armado desde hace décadas, se enfrenta a varios desafíos, entre ellos las violaciones sistemáticas de derechos humanos y el desplazamiento forzado de su población. Colombia es el segundo país del mundo en número de desplazamientos forzados. La población desplazada interna roza los 4 millones de personas y en el 75 por ciento de casos son mujeres, niñas y niños quienes se ven obligados a abandonar sus hogares por la fuerza de las armas y la violencia. En 2009, un total de 32 defensores de derechos humanos fueron asesinados según el último informe del programa de protección “Somos Defensores” que señala que otras 142 personas sufrieron amenazas, atentados y detenciones arbitrarias.
 
La Mesa de Apoyo: Derechos Humanos de las mujeres y paz en Colombia, que se constituyó en Valencia hace ahora tres años y que actualmente conforman más de una veintena de organizaciones de mujeres y derechos humanos en España y en Colombia, entre ellas las de mayor representatividad en el país latinoamericano, insta a los candidatos a la presidencia del país a que garanticen un proceso de paz que conduzca a la justicia social y de género.
 
Las líderes y defensoras de derechos humanos señalan que aunque se pretende demostrar que se ha avanzado en mecanismos de protección y de igualdad entre hombres y mujeres la realidad demuestra lo contrario, y afirman que el actual escenario político colombiano ha recortado los programas sociales así como los mecanismos de participación del movimiento de mujeres que ha visto mermadas las conquistas alcanzadas en décadas anteriores.
 
Incrementan las amenazas a organizaciones de mujeres
La Mesa de Apoyo a los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia manifiesta que la amenaza, la siembra del miedo y del terror en quienes se atreven a plantear alternativas viables y a defender la plena ciudadanía de las mujeres son prácticas habituales en Colombia y denuncia que en los últimos meses se han incrementado las amenazas contra las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las mujeres como es el caso de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indigenas (Anmucic), Sisma Mujer, las mujeres que pertenecen a la Mesa Nacional de Desplazadas, la Liga de mujeres de Cartagena y la organización Femenina Popular. La Anmucic reseña como caso especialmente grave la judicialización y amenaza permanente a la que ha sido sometida la líder indígena Adida Quilcué, que no puede salir de casa sin acompañamiento, así como la de otras líderes de organizaciones populares y sociales del país por parte principalmente de grupos paramilitares.
 
También la Corporación Sisma Mujer que pertenece a la Mesa de Apoyo ha denunciado que la misma organización y unas 90 defensoras de derechos humanos, así como organizaciones que hacen parte del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia han sido declaradas objetivo militar y amenazadas de muerte. Han sido señaladas por la organización paramilitar Águilas Negras como patrocinadoras de las FARC y obstaculizadoras de las políticas del gobierno colombiano. De las personas amenazadas algunas ya han sido víctimas de ataques contra su integridad personal y libertad sexual. Un número importante de organizaciones a las que se dirigen las amenazas se dedica a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en situación de desplazamiento.
 
“Es permanente la amenaza al derecho a la participación, a la movilización y a la autonomía de pensamiento, también al derecho a la vida, a la libre movilidad, se ejerce la violencia sexual contra las mujeres y se agudiza la violencia intrafamiliar en medio del conflicto social y armado que vive Colombia. También se ven violados el derecho a vivir en su propio territorio y los derechos económicos y culturales”, declara la fundadora de Anmucic, Leonora Castaño, que salió de su país gracias a un programa de acogida de Amnistía Internacional después de tres años de amenazas de muerte. Esta organización que Castaño presidía en Colombia y que  pertenece a la Mesa de Apoyo aglutina a más de 90.000 mujeres campesinas.
 
Retos y propuestas para la paz desde las organizaciones de mujeres
Para Leonora Castaño, portavoz de la Mesa de Apoyo, el principal reto que ha de afrontar el candidato a la presidencia del país es un proceso de paz que integre justicia social y de género: “El nuevo presidente ha de comprometerse en la defensa de la vida y los derechos y ha de brindar garantías a los procesos organizativos, y al menos garantizar los derechos constitucionales y legales, y con ello un proceso de paz que conduzca a una paz con justicia social y de género”.
 
Por su parte, la socióloga y defensora de derechos Alba Teresa Higuera propone una reconstrucción social desde la base para la consecución de un sistema basado en la solidaridad social y en la igualdad: “Los distintos movimientos de mujeres han planteado deconstruir las relaciones jerárquicas del poder, para la liberación de la hegemonía y la construcción de una sociedad política cimentada en la solidaridad social y en la igualdad entre hombres y mujeres”.
 
Alba Teresa Higuera es exiliada política y de la misma forma que Leonora Cataño, llegó a España protegida por Amnistía Internacional. En estos momentos es integrante de la ONG Grupo de Acción y Desarrollo Solidario (Gades) perteneciente también a la Mesa de Apoyo a los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia.
 
Según las defensoras de derechos, las propuestas para que el presidente que salga de las urnas el próximo 30 de mayo pueda afrontar estos retos ya están dadas. “Se trata de cumplir las recomendaciones de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, las recomendaciones de la relatora especial de violencia contra la mujer de Naciones Unidas y el auto 092 de la Corte Constitucional colombiana a favor de las mujeres desplazadas por la guerra en Colombia del 2008 que presenta 13 programas específicos para prevenir el impacto de género desproporcionado del desplazamiento forzado y para atender a las mujeres en esta situación”, señala Castaño.
 
En este sentido, Higuera retoma las palabras de la directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Susan Lee, quien conminó recientemente al nuevo gobierno a ser claro sobre la postura que va a tomar para garantizar que las víctimas y sus familias reciban la justicia que merecen.
 
Cooperación supeditada al respecto por los Derechos Humanos
La Mesa de Apoyo a los derechos humanos de las mujeres y la paz en Colombia solicita al Gobierno español que supedite su cooperación internacional con el nuevo Gobierno de Colombia al cumplimiento por parte de este último de las recomendaciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ACNUR y la Relatora de Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas.
 
 
ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA MESA DE APOYO: Atelier / Observatorio de los DD.HH de las Mujeres en Colombia, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante, Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía- Universidad de Castellón, Secretaría de la Mujer de CCOO del País Valencià, Mujeres de Negro- Valencia-, Asociación de Mujeres Inmigrantes- Valencia, Themis- Asociación de Mujeres Juristas, Mujeres en Zona de Conflicto (Córdoba), Federación de Organizaciones de Defensa y Promoción de los DD.HH, Grupo Mujer de APDHE, Sisma Mujer / Observatorio de los DD.HH de las Mujeres en Colombia, ANMUCIC- Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, Organización Femenina Popular, Red Nacional de Mujeres, Indepaz, Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación por ti mujer (Valencia), Conufu, Mujeres contra la guerra y por la paz, Gades, Área de Dona de la Intersindical Valenciana, Cátedra de Estudios de las Mujeres “Leonor de Guzmán” Universidad de Córdoba.