La clau de la pau també és nostra

Bogotá, 14 de junio de 2012. – Ante la Corte Constitucional diversas organizaciones sociales del país radicaron una Acción Pública que busca declarar inexequible parcialmente el artículo 3 de la Ley 1421 de 2010 que determina que “autorizados expresamente por el Gobierno Nacional”, podrán “realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados al margen de la ley”.

Esta demanda de la sociedad civil estipula que los colombianos, incluyendo miembros de organizaciones de la sociedad civil, en ejercicio de los derechos constitucionales a la paz y al Derecho Internacional Humanitario, pueden propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados al margen de la ley sin necesidad que exista una autorización expresa por parte del Gobierno Nacional, dado que al impedirlo, se restringe y coarta el libre ejercicio de estos derechos constitucionales.

“Con esta Acción Pública buscamos propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados al margen de la ley para exigirles respeto por la población civil y sus bienes, expresó Feliciano Valencia, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, organización participante de esta iniciativa.

Para las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas es esencial el destierro de toda práctica de violencia sexual, en particular contra mujeres y niñas; el cese del reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, así como la liberación inmediata de menores de edad reclutados de manera forzada; la no utilización y erradicación de minas antipersonales y armas no convencionales y el no desplazamiento forzado de la población civil, entre otros temas puntuales que afectan considerablemente la vida y el desarrollo de la sociedad.

Para el representante de las comunidades afrodescendientes, Ronald Romaña, es vital plantear escenarios de diálogos y acuerdos humanitarios para proteger sus territorios de la ascendente militarización, especialmente de grupos al margen de la ley, dado que el reclutamiento forzado de los jóvenes para la guerra se incrementa cada vez más.

Donaldo Quiroga, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Atcc), del Magdalena Medio, argumentó que la mediación e intervención de terceras partes es fundamental en la resolución de los conflictos armados. “La Corte Constitucional no puede avalar ningún criterio que permita imponer consecuencias legales desfavorables para la persona o personas que ejerciendo el derecho a la paz y exigiendo el respeto del Derecho Internacional Humanitario establezca acercamientos o diálogos con los grupos armados no estatales sin permiso del Ejecutivo; hacerlo sería desproporcionado”.

“La guerra no puede ser un orgullo nacional. No podemos perpetuar la cadena de odio y venganza sin dar solución a los problemas estructurales como la pobreza, la injusticia y la desigualdad. Se gasta más presupuesto en guerra que en salud y educación. Por ello, reconocemos con esta Acción Pública, iniciativa de la Sociedad Civil, que la llave de la paz también es nuestra”, indicó Marina Gallego Zapata, de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Con la radicación de esta Acción Pública y otras actividades regionales y nacionales, más de 30 organizaciones sociales presentan la campaña “Es hora de parar la guerra, la llave de la paz también es nuestra”.

Si crees que la paz vale la pena únete, participa i actúa. Más información: www.pazdesdelabase.org
Facebook: http://www.facebook.com/pazdesdelabase
Twitter: @pazdesdelabase

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuaria. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies