Desde Cooperacció denunciamos y compartimos el comunicado que ha emitido La Mesa por los Derechos Humanos frente al Poder Empresaria en relación a la criminalización y persecución a la que están siendo sometidas las comunidades campesinas por defender su territorio:
LA AMENAZA DEL PROCESO PENAL PARA
“RESOLVER” UN CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL
Jericó, 22 de abril de 2025.
De nuevo los(as) campesinos(as) que se oponen a las actividades de exploración que pretende desarrollar la Empresa AngloGold Ashanti , son perseguidos judicialmente, pues la empresa minera ha pretendido instalar de manera subrepticia plataformas de perforación en varias veredas del Municipio de Jericó, propósito que ha sido impedido de manera colectiva y pacifica por pobladores de la región, quienes desde hace años se oponen al proyecto Minero Quebradona por los graves e irreparables daños que causaría al medio ambiente.
AngloGold Ashanti ha pretendido por vía policial y judicial silenciar las voces de quienes se oponen a sus designios en el Suroeste antioqueño, al promover querellas de policía en contra de más de cuarenta personas por supuestos comportamientos contrarios a la posesión o mera tenencia de inmuebles. Así mismo, la empresa minera impulsó proceso penal en contra del Director del periódico Despierta Jericó, José Fernando Jaramillo Correa, el cual salió avante al considerarse, por parte de la judicatura, que difundir de manera fundada los impactos negativos del proyecto minero Quebradona no devenía en conducta delictual.
Han sido múltiples los señalamientos realizados por distintos medios, que criminalizan y estigmatizan la labor de defensa de la vida y el territorio que desde hace más de 10 años realizan las y los campesinos de Jericó, quienes de manera pacífica han realizado una protección los derechos de la naturaleza.
Desde el día 12 de abril, varios campesinos fueron convocados a una audiencia de formulación de imputación solicitada por la Fiscalía 147 Especializada de Antioquia, en la que se anuncia que se promoverá en su contra acción penal por los delitos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales.
Preocupa que la protesta social pacífica siga criminalizándose en nuestro país, que el ejercicio de una garantía constitucional se pretenda restringir a partir del ejercicio de la acción penal, que las directivas de los Fiscales Generales de la Nación, entre ellas la 0001 del 10 de septiembre de 2024, emitida por la actual Fiscal General de la Nación, doctora Luz Adriana Camargo Garzón, que propone garantizar el derecho a la protesta social y pacífica, sean desconocidas por funcionarios(as) del ente acusador, que persisten en criminalizar las distintas expresiones de inconformidad ciudadana.
Mesa por los derechos humanos frente al poder empresarial
Lee el comunicado aquí.
