Comunicado urgente: Audiencia clave en El Salvador, exigimos garantías para José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, defensores criminalizados.
La Taula Catalana por los Derechos Humanos y la Paz en América Central, un espacio plural de articulación entre entidades catalanas, colectivos de personas migradas y/o exiliadas de América Central, comprometidas con la paz, la justicia social y los derechos humanos, nos pronunciamos con urgencia ante las detenciones de José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, defensores de derechos humanos de la comunidad El Bosque, acusados por la Fiscalía General de la República de El Salvador de presuntos “desórdenes públicos y resistencia”. Su audiencia inicial está programada para este viernes 30 de mayo y constituye un momento clave que podría sentar un grave precedente en la criminalización de la defensa comunitaria del territorio y los derechos fundamentales.
Las detenciones tuvieron lugar tras una manifestación pacífica por el derecho a la vivienda, el pasado 12 de mayo, que fue reprimida violentamente por la Policía Militar. Las imágenes compartidas por medios de comunicación locales y que han sido difundidas a nivel local e internacional evidencian que los defensores detenidos en ningún momento se enfrentaron a las autoridades salvadoreñas. Por el contrario, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez sí fue detenido de forma violenta. Un día después de la manifestación, Alejandro Henríquez, abogado de la comunidad, fue detenido en su lugar de trabajo, una entidad que vela por el derecho humano al agua en El Salvador.
Manifestamos nuestra preocupación ante los tiempos legales empleados, pues de acuerdo a la legislación salvadoreña, las personas detenidas deben conocer la acusación que se les hace y enfrentar una primera audiencia dentro de las 72 horas posteriores a la detención. Dado que en este caso, han transcurrido 15 días entre la detención y la acusación, las organizaciones defensoras de derechos humanos ven con preocupación que se hayan utilizado los tiempos legales del Régimen de Excepción, vigente en El Salvador desde hace tres años, lo cual vulnera sus derechos ciudadanos y sienta un peligroso precedente de criminalización y persecución.
Por todo lo expuesto, expresamos nuestro enérgico rechazo a la criminalización y persecución de la labor fundamental que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos en El Salvador, así como a cualquier intento de instrumentalizar el aparato legal para obstaculizar su trabajo en defensa de las comunidades más vulnerabilizadas.
Del mismo modo, reiteramos nuestra solidaridad y compromiso con las organizaciones, colectivos y personas salvadoreñas que, pese a un contexto cada vez más hostil, continúan firmes en la defensa de los derechos humanos. En tiempos de incertidumbre y represión, sostenemos el valor del acompañamiento internacional y hacemos un llamado a fortalecer el abrazo colectivo que nos permita seguir tejiendo futuros de justicia, dignidad y libertad.
Barcelona, 30 de mayo de 2025
