Las ONG para el Desarrollo denuncian que en muchas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos están sufriendo “otras formas de recortes” aún más graves –si cabe- que los recortes en los presupuestos destinados a cooperación. Se trata de retrasos de hasta dos años en el pago de subvenciones ya concedidas; de requerimientos de devolución de fondos ya concedidos o incluso del no reconocimiento de la deuda contraída por las administraciones con las ONGD.
La cifra que gobiernos autonómicos y locales deben a las ONGD asciende a más 70 millones de euros. En algunos casos, ese impago se produce desde el año 2009. Las más de 40 ONGD afectadas continúan manteniendo firmemente su compromiso con los proyectos y organizaciones de los países donde trabajan. En muchos casos, ese compromiso ha exigido la solicitud de créditos cuya cobertura depende del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las administraciones. Cumplimiento que hasta ahora no se ha producido.
