Las violaciones de Derechos Humanos por parte de las grandes empresas sobre las comunidades y medios naturales han sido objeto de gran preocupación por parte de la sociedad civil, en especial en estas dos últimas décadas, y se han hecho esfuerzos importantes para revertir esta situación; sin embargo, han sido menos las reflexiones sobre los impactos concretos que tienen estas sobre las vidas, los derechos y los cuerpos de las mujeres. Las mujeres, en cuanto que principales cuidadoras de las comunidades (cuidadoras de personas, saberes culturales y recursos naturales), por razones históricas y sociales, son las que suelen sostener los tejidos comunitarios y familiares, tanto por las transformaciones y violencias que viven a la llegada de las empresas en los territorios y durante los conflictos territoriales, como a la marcha de estas (post conflictos). Cuando las empresas del Norte-global desarrollan sus proyectos empresariales, los cuerpos y vidas de las mujeres son altamente vulnerados, dándose violaciones de derechos humanos específicas, hecho que a menudo queda invisibilizado por la mirada androcéntrica sobre los conflictos territoriales y los impactos de estas intervenciones. La vulneración de derechos sumada al no reconocimiento del daño específico, puede producir una revictimización y tiene grandes impactos sobre las medidas concretas que se llevan a cabo para garantizar la reparación y la no repetición. Tal como se recoge en el formulario del proyecto: “Aquello que no se ve, no existe y, por lo tanto, no se resuelve colectivamente, en el lenguaje de los derechos”.
A esta situación se unen los altos índices de impunidad de los países del sur global y la falta de garantía de los derechos económicos y sociales de sus normativas sobre estas empresas, así como la falta de responsabilidad de los países del norte global ante los impactos de las mismas, más teniendo en cuenta que su capital y domicilio fiscal se sitúa mayoritariamente en los países enriquecidos, generando nuevas formas de colonialismo. Ante esto es imperativo una normativa y mecanismos que obliguen y regulen la actividad de estas empresas para que se garantice el ejercicio los DDHH y se tengan en cuenta sus impactos desde un enfoque de género interseccional.
El proyecto ‘Incidint pels Drets Humans de les dones davant la impunitat de les grans empreses’, ha sido ejecutado por la organización feminista de cooperación internacional CooperAcció. La duración del proyecto ha sido de dos años (diciembre 2019 a junio 2022) y ha contado con un presupuesto de 68.750,00€, de los cuales 55.000€ han sido aportados por el Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria de EpTS del año 2019.
El proyecto forma parte del área de Economías para la Vida y Ecofeminismo de la estrategia de EpT de la organización, principalmente a partir de los ámbitos de incidencia y de generación de conocimientos en políticas y estrategias feministas para la transformación social. El objetivo último del proyecto es el de contribuir a que las administraciones barcelonesas y catalanas se responsabilicen sobre la garantía del ejercicio de los DDHH ante las presiones de los intereses privados que operan en estas instituciones. Si bien la problemática de la vulneración de Derechos Humanos se viene trabajando desde hace años por parte de diferentes colectivos de la sociedad civil organizada, en varios de los cuales participa CooperAcció (a nivel catalán, europeo e internacional), han sido menos las reflexiones sobre los impactos concretos que tienen estas sobre las vidas, los derechos y los cuerpos de las mujeres. Para la organización el trabajo por la justicia económica, debe contribuir a que se integre la dimensión patriarcal de la vulneración de derechos y así se plantea conseguir la integración de un enfoque feminista en el trabajo de incidencia.
Estrella Ramil Paz realiza el informe final de evaluación del proyecto que puedes descargar y leer aquí.